Por: Pablo Solines Moreno

Ecuador se encuentra a puertas de la entrada en vigor de su primera ley de protección de datos personales. Todo el país está expectante del impacto que tendrá esta norma, en primer lugar, en la vida de los ciudadanos, pues, llegó el día en que no sólo que un cuerpo normativo reconoce derechos a su favor que garantizarían una adecuada protección a sus datos personales y a su privacidad, sino que, además, se les otorga herramientas jurídicas eficaces para ejercer y hacer respetar esos derechos; y, en segundo lugar, en las actividades que desarrollan empresas, instituciones, organizaciones y todo aquel que, de una u otra forma, realiza la recolección, almacenamiento, y/o utilización de datos personales de terceros. Esto, debido a que la nueva normativa exigirá a todos aquellos responsables de estos datos personales implementar una serie de medidas internas que contribuyan a una adecuada protección de estos y, así, se evite su acceso no autorizado, su filtración y su utilización para fines diferentes a los que fueron recogidos.

Esto cambia diametralmente la concepción de la persona como titular de derechos sobre sus datos personales, pues a éstos se les otorga un valor de importante magnitud, que gozan de protección jurídica y que obliga a todos a respetarlos, cuidarlos y no menospreciarlos.

Así, la nueva ley de protección de datos personales crea una autoridad de control que está llamada a velar por el cumplimiento de la normativa, principalmente, de todos aquellos que realizan(mos) tratamientos de datos personales; y, además, de garantizar el correcto ejercicio de los derechos reconocidos a favor de los ciudadanos.

A la autoridad de control, concebida en una Superintendencia de Protección de Datos, se le ha otorgado la facultad de revisar las actuaciones de los responsables (y encargados) de datos personales de terceros, de que los ciudadanos puedan acudir a ella en caso de que consideren infringidos sus derechos y, así mismo, de que pueda aplicar sanciones a aquellos que incumplan con sus obligaciones, pudiendo éstas llegar a ser de carácter económico, de importante cuantía.